Este lunes 15 de enero de 2024, el Abg. Rances Fabrizio Astudillo Solano, fue posesionado como Presidente de la Corte de Justicia de Bolívar, para el período 2024 – 2026, en reemplazo de la Dra. Nancy Guerrero Rendón, quien desempeñó este cargo desde enero del 2022.

La Dra. Nancy Guerrero, fue la encargada de tomar el juramento y posesionar en el cargo al Abg. Rances Fabrizio Astudillo Solano, quien señaló que asume esta función con el compromiso de cumplir su gestión con honestidad, transparencia y ética, con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia en Bolívar, garantizar el derecho y recuperar la confianza ciudadana.

Así también, manifestó su compromiso de trabajo coordinado, con el Consejo de la Judicatura (CJ), con la Dirección Provincial de Bolívar y organismos de la función pública y sociedad.

Rances Fabrizio Astudillo Solano, es Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador de la Universidad Estatal de Guayaquil, Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Se ha desempeñado como Intendente General de Policía de Bolívar, Asesor Jurídico de varias instituciones bancarias a nivel del país. Tiene una importante trayectoria dentro de la Función Judicial como Juez Primero de lo Civil, posteriormente Juez de la Unidad Judicial Civil de Guaranda y en la actualidad es Juez Provincial de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar.

La elección se hace en cumplimiento al artículo 210 del Código Orgánico de la Función Judicial, (COFJ), que determina que “la Presidenta o el Presidente de la Corte Provincial será elegida o elegido de entre las juezas y jueces, en la primera quincena del año correspondiente, por votación escrita, secreta y por mayoría de votos (…)”.

El artículo 212 del COFJ señala como atribuciones y deberes del Presidente de la Corte Provincial, elaborar el orden del día, convocar y presidir las sesiones del Pleno; supervisar la instrucción fiscal en los casos de fuero de Corte Provincial, garantizando los derechos de la persona imputada o acusada y de la persona ofendida durante la etapa de instrucción fiscal; y, las demás que establezca la ley.

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